Existirían dudas en convenios firmados en los servicios de Salud de Concepción y Valparaíso
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados requirió información al Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la firma de convenios de campos clínicos entre universidades y los Servicios de Salud de Concepción y Valparaíso.
Así lo informó el diputado Juan Lobos, presidente de esta Comisión, luego de escuchar en esta instancia a estudiantes de medicina que denunciaron que no se estaría cumpliendo con la normativa vigente.
Juan Lobos afirmó que "lo que está ocurriendo es grave, ya que de acuerdo a la información entregada no se están cumpliendo los requisitos establecidos por la ley que exige la acreditación de la universidad que postula a utilizar un campo clínico".
De acuerdo a los estudiantes "en la asignación de los campos clínicos están primando los incentivos económicos que las universidades hacen a los servicios de salud".
Por esta misma razón, el diputado Lobos agregó que "también se solicitó a la Contraloría su opinión frente a estos hechos y que se pronuncie sobre si estos convenios se ajustan a la legalidad vigente y si hay negociación incompatible".
El diputado recordó "que se trata de centros de salud donde los estudiantes de las diferentes carreras de la salud realizan sus prácticas, por lo tanto estamos hablando de la formación de los futuros profesionales y de los pacientes que son atendidos por ellos en estos centros".
El parlamentario pidió al gobierno "tratar este tema con la seriedad que amerita y no sólo entregar la información solicitada a la Comisión, sino que además corregir cualquier procedimiento que no esté de acuerdo a las normas establecidas".
Juan Lobos afirmó que "los campos clínicos no pueden ser subastados al mejor postor, acá deben primar criterios técnicos y académicos, porque no se trata de cualquier producto, sino que se trata de la formación práctica de los futuros profesionales de la salud en Chile".
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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Publicamos el artículo que ha escrito el profesor Ramón Lucas Lucas, L.C., catedrático de bioética en la Universidad Europea de Roma y miembro fundador del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Colombia, ante el proyecto de ley para la introducción de la eutanasia en Colombia.
La eutanasia es un atentado mortal a la dignidad de la persona humana sobre la que se funda el Estado colombiano según lo expresa el pacto constitucional. Es siempre un crimen, también cuando se practica con fines piadosos y a solicitud del paciente. La principal expresión del respeto de la dignidad de la persona, no es sólo el respeto de su autonomía (la decisión hecha por ella) sino el respeto del bien objetivo contenido en dicha decisión, o el evitar el mal objetivo contenido en la decisión. Para que esta decisión sea auténtica y digna de ser respetada por el médico y la sociedad, es necesario que no contradiga el bien primario del enfermo que es la vida. Eliminada la vida se pierden todos los valores. La libertad está intrínsecamente unidad a la verdad, y no hay autentica libertad fuera de la verdad. Disociarlas es poner las premisas de comportamientos arbitrarios e inicuos. Por eso la eutanasia propuesta por el proyecto de ley de la Primera Comisión del Senado es la supresión de un ser humano, la eliminación del primer valor que tenemos: la vida, la violación del fundamental principio constitucional de nuestro país: la dignidad de la persona humana. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente sea anciano, enfermo incurable o agonizante. Ninguna autoridad puede imponerlo o permitirlo. Se trata de una violación a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Los derechos fundamentales no se consensúan, ni se conquistan: se tienen y se defienden. La vida es un don y, si se quiere, el derecho fundamental, que jamás puede estar sujeto a el consenso de una mayoría parlamentaria. Un Estado democrático y social tiene el deber de proteger a los más pobres e indigentes, como son los discapacitados, los ancianos o los enfermos terminales. Cuando el Estado, en vez de proteger a los más débiles, da cobertura legal a su muerte, se transforma automáticamente en un Estado totalitario, los fundamentos de la convivencia se quiebran y surge una sociedad de la muerte, una auténtica
La muerte digna no es matar al enfermo sino ayudarle en ese momento. Los enfermos necesitan verse bien tratados, estimados, acompañados. Nunca he visto un paciente, en situación terminal, que no se agarre a la vida con todas sus ganas. Sus ojos no me han mirado nunca con desdén hacia el trabajo terapéutico y de acompañamiento. El enfermo necesita, además y sobre todo con motivación en su dolor. La aceptación del dolor es una actitud madura frente a una enfermedad que no se puede superar, o a una muerte que viene inexorablemente al encuentro. También quien sufre de este modo puede realizarse a sí mismo y vivir la propia dignidad de persona. Los sacrificios motivados se hacen con gusto. Donde se ama no se sufre y si se sufre se ama el sufrimiento que el amor procura. Por eso la Conferencia Episcopal Española redactó un