INFANCIA-CHILE:
Ocho muertes achacadas a sistema penal juvenil
Por Daniela Estrada
SANTIAGO, 22 oct (IPS) - La muerte por asfixia de ocho chilenos de entre 14 y 18 años que provocaron un incendio en el centro de reclusión donde esperaban condena, reavivó el debate sobre las condiciones en que se aplica hace cuatro meses la nueva ley de responsabilidad penal adolescente.
"Es una pena que tengan que pasar estas cosas para remover la conciencia" de las autoridades, dijo a IPS Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del gubernamental Servicio Nacional del Menores (Sename), organismo encargado de administrar las sanciones de la nueva justicia penal juvenil.
Cerca de las 22 horas del domingo, una treintena de jóvenes recluidos en un centro de la ciudad de Puerto Montt, 1.024 kilómetros al sur de Santiago, prendieron fuego al mobiliario de la habitación en que se encontraban, provocando un incendio que terminó con la vida de ocho de ellos.
Según la versión de los encargados del recinto, los adolescentes se amotinaron luego de que se les conminara a apagar sus televisores y acostarse.
En señal de protesta, bloquearon la puerta del lugar con sillones, impidiendo el paso de los funcionarios del Sename, y prendieron fuego a colchones y cojines. Tres de ellos murieron por asfixia en el baño contiguo donde se encerraron y el resto fallecieron en un hospital cercano mientras recibían atención médica.
Otros dos internos se encuentran en el Hospital Base de Puerto Montt con muerte cerebral. Todos estaban a la espera de que concluyeran las investigaciones judiciales de sus respectivos casos.
Este lunes, la presidenta Michelle Bachelet calificó el hecho como "una dolorosa tragedia" que "sin duda enluta a nuestro país" e informó que se ordenó un sumario interno para esclarecer las causas del siniestro.
El director nacional del Sename viajó a la zona en la mañana, y se le unió más tarde el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
Si bien la situación "era una bomba de tiempo", según Del Basto, acotó que no pensaban "que esto iba a ocurrir en el centro de Puerto Montt porque era uno de los que mejor funcionaba".
"Nosotros creemos que la responsabilidad es del gobierno", enfatizó la dirigente, en referencia a los graves problemas de implementación del nuevo sistema, que habían sido advertidos por los empleados del Sename antes de su puesta en marcha a través de un paro de funciones.
El nuevo procedimiento penal rige para los adolescentes que al momento de cometer un delito sean mayores de 14 años y menores de 18.
Entre los 14 y los 16 años, los menores pueden recibir una pena máxima de cinco años de reclusión en centros cerrados o semicerrados, donde son sometidos a programas de reinserción social. Para los mayores de esa edad, la condena puede llegar hasta los 10 años.
Otras penas previstas por la ley son la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación del daño causado. También se contemplan tratamientos contra la drogadicción.
Según Del Basto, hace sólo una semana los funcionarios comunicaron al director nacional del Sename, Eugenio San Martín, la "compleja situación" que se vive en todos los centros cerrados y semi-cerrados que reciben a los adolescentes infractores.
En los próximos días enviarán una carta a la presidenta Bachelet con los mismos fines.
Los familiares de los adolescentes muertos responsabilizaron a los funcionarios del Sename por la tragedia, pero Del Basto asegura que éstos "hicieron todo lo que estuvo a su alcance". También negó que los jóvenes estuvieran encadenados, como especularon medios de prensa en las primeras horas.
"Los funcionarios no pueden hacer doble función. No pueden ser educadores y al mismo tiempo estar encargados de la seguridad", reclamó.
La dirigente reclamó al gobierno autorizar a los efectivos de gendarmería (guardia de prisiones) a prestar seguridad permanente dentro de los centros, ya que hoy los gendarmes sólo custodian el perímetro de los recintos e ingresan en caso de emergencias.
Del Basto también alegó que había escasez de personal y deficiencias en infraestructura, que no permiten realizar los talleres educativos programados. "Por ser un trabajo muy estresante, hay un gran porcentaje de funcionarios con licencia médica", indicó.
La mayoría de los centros están colapsados y, al no contar con las instalaciones adecuadas, no pueden segregar a los jóvenes por edad ni por tipo de delitos, dijo. "Están todos revueltos", graficó.
En el centro de San Bernardo, en la región metropolitana de Santiago, sólo en septiembre más de 90 jóvenes resultaron heridos en riñas entre ellos, aseveró.
Las autoridades del Sename "nos dicen que la infraestructura (definitiva) va a estar lista recién en 2010", indicó Del Basto, ya que los recintos ocupados actualmente sólo fueron refaccionados para cumplir la nueva normativa.
La Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes que cometen delitos, fue promulgada en noviembre de 2005 por el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006), y desde ese momento no ha dejado de estar en el centro de la polémica.
Su entrada en vigor estaba programada para el 8 de junio de 2006, pero el Poder Ejecutivo decidió postergarla para la misma fecha de este año por considerar que aún se carecía de la infraestructura y la capacitación requeridas.
Para ello, el Congreso legislativo debió reformar la norma, creando, de paso, un Comité de Expertos para supervisar su implementación. En varios informes, el grupo advirtió que las deficiencias no se habían solucionado.
A mediados de mayo, un mes antes de que se pusiera en marcha, el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley para reformar nuevamente la normativa porque tenía errores de redacción. Pero durante su discusión, algunos parlamentarios oficialistas y de la oposición aprovecharon para endurecer las penas.
Se estableció, por ejemplo, que los jóvenes de 16 y 17 años con sentencias mayores a cinco años debían permanecer obligatoriamente dos años privados de su libertad, disposición que fue criticada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (FIN/2007)
NOTA: GOBIERNO DE BACHELET TIENE LA RESPONSABILIDADA EN LA MUERTE DE 8 NIÑOS EN ORGANISMO DE SU DEPENDENCIA. BASTA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE.
al gobierno se le ha adbvertido y no se cuantos niños tienen que morir poara que el gobierno se de cuenta de estos tremendo errores y horrores
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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