El aborto terapéutico y la responsabilidad política del Senado
Diversas encuestas revelan que somos mayoría las y los ciudadanos de este país que queremos que este tema sea discutido y que deseamos que nuestros congresistas se pronuncien a través de una ley.
Por Natalia Flores
Secretaria Ejecutiva delObservatorio de Género y Equidad
Más de dos décadas han transcurrido desde la re-instalación del Congreso, más de 25 proyectos que pretendían despenalizar el aborto en alguna de sus instancias fueron presentados y, por primera vez, estamos ante la posibilidad que tres de ellos puedan superar la etapa de la votación de idea de legislar en la sala del Senado y así llegar a ser realmente discutidos en el lugar en que la institucionalidad republicana establece, es decir, en el Congreso Nacional.
Al parecer no ha sido fácil transferir a las y los parlamentarios la importancia que reviste el legislar en torno a un marco jurídico que permita la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, respetando el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, como existió hasta el año 1989 en nuestro Código Sanitario. Norma que, siempre es bueno recordar, fue derogada por las leyes de amarre de la dictadura pinochetista.
El seis de septiembre del año pasado, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar tres proyectos que hacen referencia al derecho que tenemos las mujeres chilenas a optar por la interrupción legal del embarazo en ciertas circunstancias. La idea de legislar sobre dichos proyectos, se encuentra a la espera de ser votada en la Sala de la Cámara Alta, habiéndose pospuesto en dos oportunidades.
El aborto terapéutico y/o interrupción legal del embarazo debe considerarse aplicable en nuestro país. De hecho, son numerosos los estudios y análisis que muestran la inviabilidad de algunos embarazos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Su prohibición constituye un grave problema de salud pública y su penalización, una violación a los derechos humanos de las mujeres y de injusticia social, pues son las más pobres quienes se ven mayormente afectadas cuando deben llegar a término con un embarazo que pone en riesgo su salud física y psicológica.
El Estado Chileno debe hacerse cargo de esta situación y avanzar en una legislación justa, que legalice la interrupción legal del embarazo, al menos por las tres causales que incluyen estos proyectos de ley: enfermedad grave de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y embarazo como consecuencia de una violación.
Diversas encuestas revelan que somos mayoría las y los ciudadanos de este país que queremos que este tema sea discutido y que deseamos que nuestros congresistas se pronuncien a través de una ley, que repare la situación legislativa de los últimos 22 años que ha afectado a miles de mujeres chilenas.
Espero, por lo tanto, que las y los honorables senadores tomen conciencia de que su rol es legislar mirando la posición de la ciudadanía que representan y no sus posturas religiosas personales y que su favorezca con su voto la idea de legislar, en torno a los proyectos señalados, permitiendo así avanzar en un debate amplio y ciudadano. La sola argumentación al momento de la votación en la sala resulta insuficiente e inhibe un verdadero debate, es decir, deseo confiar en que abra el debate y que no lo cierre cuando recién comienza.
De rechazarse la idea de legislar mi esperanza se traslada a una ciudadanía, especialmente a las mujeres chilenas, que no debería olvidar que nuevamente sus representantes le dieron una bofetada donde más duele: en la defensa de sus derechos.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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